Los propietarios de una compañía y un hombre que reclaman a la Dirección General de Aduanas (DGA) la devolución de mercancías ordenada por un tribunal de la provincia de Santo Domingo, rechazaron ayer que estos incurrieran en evasión de impuestos y alegaron que se hicieron los pagos correspondientes.
Félix Maikel Romero Viola y Romel Alejandro Linares y la razón social JG comercial Import Export, así como el señor José Francisco Mota Polanco sostienen que pagaron los impuestos correspondientes a la DGA.
El abogado tanto de la compañía JG Comercial, como de Mota Polanco, doctor Enríquez López, en visita a la redacción del LISTÍN DIARIO, presentó recibos y documentación que avalan el pago de las mercancías concernientes a licores y whisky.
“Yo no me explicó como será que ellos dirán que había un contrabando en una mercancía que tiene el conocimiento de embarques”, tras mostrar el sello del colector de Aduanas en Haina, con el pago de los impuestos correspondientes.
Dijo que el juez de la Segunda Cámara Penal de la provincia de Santo Domingo, José Madera Francisco, durante el conocimiento de un recurso de amparo condenó a la DGA al pago de RD$200 mil diarios por cada día de retardo en la ejecución de dos sentencias.
Félix Maikel Romero Viola y Romel Alejandro Linares y la razón social JG comercial Import Export, así como el señor José Francisco Mota Polanco sostienen que pagaron los impuestos correspondientes a la DGA.
El abogado tanto de la compañía JG Comercial, como de Mota Polanco, doctor Enríquez López, en visita a la redacción del LISTÍN DIARIO, presentó recibos y documentación que avalan el pago de las mercancías concernientes a licores y whisky.
“Yo no me explicó como será que ellos dirán que había un contrabando en una mercancía que tiene el conocimiento de embarques”, tras mostrar el sello del colector de Aduanas en Haina, con el pago de los impuestos correspondientes.
Dijo que el juez de la Segunda Cámara Penal de la provincia de Santo Domingo, José Madera Francisco, durante el conocimiento de un recurso de amparo condenó a la DGA al pago de RD$200 mil diarios por cada día de retardo en la ejecución de dos sentencias.
